Por: Juan Aste Daffós
Asimismo, el poder de las empresas, tanto industriales como mineras, de hidrocarburos, y de energía, hace que el Estado Peruano les otorgue licencias con primera prioridad en el uso del agua frente a terceros, aún cuando las comunidades se vean afectadas en el uso ancestral de sus sistemas hídricos y las poblaciones locales sean limitadas a utilizar agua pocas horas al día.
En consecuencia, hay una disminución del volumen de acceso al agua limpia a la población urbana y rural, y adicionalmente, al requerir un mayor costo para su tratamiento por estar contaminada, este se transfiere al precio del agua, por lo que esta se encarece, y adicionalmente, el promedio de pérdidas y derroche del agua es del 40% en América Latina y el Perú. Esto último ocurre porque no se implementa una política pública descentralizada de recursos hídricos basada en la gestión social y concertada de las cuencas sino en el interés privado e individual contraviniendo la visión del manejo del agua como un derecho humano colectivo. En otras palabras, el agua limpia en el Perú no abunda, es escasa y tiende a encarecerse porque prima el interés privado sobre el interés colectivo.
DATO: La situación del agua es complicada tanto para la población de la cuenca del pacífico, que comprende la parte occidental de la sierra y la costa, donde se cuenta solo con el 1.8% del volumen total de las fuentes de agua en el Perú para atender las demandas del 70% de la población del país, como para el 26% de la población que se encuentra en la parte oriental de la sierra y la amazonia sobre la cuenca del atlántico que contando con el 97% del agua, tiene cada vez mayores niveles de contaminación que están reduciendo e incluso eliminando el agua limpia de los ríos y lagunas, afectando la biodiversidad y la salud de las poblaciones locales.
¿La privatización del agua con la construcción de la infraestructura hidráulica (canales, tuberías, reservorios y acueductos) va a resolver el problema del acceso al agua limpia a las grandes mayorías o se va a convertir en un negocio monopólico de grandes empresas que ven al agua como el “oro azul”?
Cuando hay fuerzas que se oponen a la realización de proyectos de agua por parte de gobiernos regionales o locales ¿no será que hay intereses económicos como los de la minería para que en las cabeceras de cuenca se exploten recursos mineros y se destruyan los ecosistemas de lagunas, los acuíferos por donde se filtran el agua subterránea para salir como manantiales o puquiales en zonas donde le dan vida a especies de flora y fauna que sirven a las poblaciones aguas abajo de las cuencas? De no llegar el agua a estos lugares, los pastos y otras especies de flora se secarían y se generaría desertificación afectando la biodiversidad y a las poblaciones locales.
La construcción de represas y reservorios tiene sentido construirlos cuando no afectan y menos sustituyen los ecosistemas de las lagunas, ríos y los acuíferos, para llevar adelante obras de riego, generación de energía eléctrica y acceso a agua potable y desague. Pero cuando se construyen como “compensación” por la destrucción de estos ecosistemas, y afectan la biodiversidad y la vida de las personas tanto en la parte alta de la cuenca como cientos de kilómetros aguas abajo de la misma, para extraer oro u otros metales en tajos abiertos que son sumideros de aguas ácidas que van hacia los acuíferos o se depositan relaves y desmontes en grandes áreas que el sol y el viento convierten en polvo metálico tóxico, que conjuntamente con los camiones que laboran en la mina, es dispersado en el aire y luego en el pasto y las personas, resultan en proyectos inaceptables ambiental y socialmente para el país.
El proyecto Conga destruirá los ecosistemas no solo de 4 lagunas sino que afectará al conjunto de ellas en la zona porque están interconectadas para abastecer a las correspondientes cuencas y al explotar el tajo abierto y romperse las rocas generará aguas ácidas en función del contenido de sulfuros bajo el suelo. No es que la minería use el 2% del agua sino que destruye las lagunas y sus ecosistemas y contamina aguas superficiales y subterráneas a lo largo de las 5 cuencas involucradas.
Si la gestión de recursos hídricos es estratégica en la protección del agua, la biodiversidad y la vida de las personas, y el Ministerio del ambiente debe ser el ente rector, ¿por qué se quiere privatizar el agua mediante la entrega de derechos de concesión a empresas transnacionales? ¿Es un problema ideológico o un conflicto de intereses entre quiénes están por un “país minero” para beneficio principal de 5 empresas transnacionales que se llevan las tres cuartas partes de las utilidades netas obtenidas de la explotación minera en el Perú o que la economía se diversifique hacia un desarrollo sostenible basado en el uso apropiado del agua y la biodiversidad en beneficio de todos los peruanos.
Nota: El editorial de El Comercio del domingo 12 de enero del 2012 tiene una visión cuantitativa y económica del problema del agua en el Perú que termina beneficiando a los empresarios mineros, por lo que no toma en cuenta los aspectos ambiental y social que están a la base del interés colectivo y del desarrollo sostenible del Perú, es decir, del futuro de su población. También yerra cuando afirma que los recursos del canon minero de Cajamarca (1,230 millones de nuevos soles en 5 años) fueron devueltos al no ser gastados, porque los recursos del canon minero les pertenecen a los gobiernos regionales o locales y si no se gastan se consideran saldo para ser ejecutado el siguiente año. Los recursos ordinarios si se pierden si no se gastan en un año.
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