Los topos de nuestro territorio: el caso del Cerro El Toro

La expansión de la actividad minera continúa en el cerro el Toro, ya no sólo de manera informal y artesanal, sino también a través de la mediana minería. Es una situación de impacto ambiental y social que se profundiza ante la desidia y las promesas incumplidas de las autoridades correspondientes.

Las organizaciones sociales, activistas medioambientales y autoridades estatales de Huamachuco, sierra de la Libertad, sostienen que no hay voluntad política del gobierno regional para solucionar una situación que lleva varios años. 

La Gerencia de Energía, Minas e Hidrocarburos anunció hace meses que iniciaría un plan estratégico sobre la minería informal en el Cerro El Toro; sin embargo, hasta ahora no se conocen resultados. Mucho menor es la acción respecto a la entrada de la mediana minería en la zona, como es la Mina Santa Marina y la empresa Corporación de Centro SAC, que estaría relacionada con la familia Sánchez Paredes. 

El Cerro El Toro sigue inaccesible. Los enfrentamientos ocurridos con la población y con representantes estatales, las investigaciones en el lugar para verificar las denuncias sobre precariedad laboral, riesgo socio ambiental, entre otros aspectos, y la irrupción de la mediana minera, han hecho que las asociaciones de mineros se provean de extrema seguridad. 

Un aspecto a considerar es que los mineros informales no son una masa homogénea que se puede representar en los grupos que dominan la zona. Hay un sector de mineros dispuestos a dialogar, que piden se observe la compleja cadena de servicios, e intermediarios que se benefician con esta actividad extractiva, y se deje de focalizar el problema en el minero de socavón. Lamentablemente esta oportunidad de diálogo no es atendida, por lo que queda la tarea de asumirlo como un desafío, e intentar caminos alternativos de solución.

En medio de todo, niños, niñas y adolescentes siguen arriesgando la vida y la salud; las muertes quedan impunes; se amenaza y acosa a quienes pretenden el respecto de los derechos humanos. Todo ello y más, mientras los verdaderos topos, la mafia y la red de corrupción sigue paseándose por los socavones de este territorio nor andino. 

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El derecho a la inclusión y la soberanía de los pueblos

La ley de consulta, aprobada hace poco en el Pèru, es una oportunidad para debatir sobre cuestiones de fondo respecto a los derechos de los pueblos indígenas y las posibilidades de que nuestro Estado se piense en su condición pluricultural. Son cuestiones que, además, bien podrìan complementar la perspectiva de la inclusión social de nuestro actual gobierno. 

La inclusión, como derecho político, implica reconocer la radicalidad que suponen las diferencias, un viraje desde la hegemonía hacia la diversidad, en que ser diferente no signifique ser peligroso y por lo tanto marginado, sino que se pacte una nueva manera de relación social, en que sea posible enunciar todos los nombres de los pueblos. 

Que el Estado sea pluricultural requiere, entre otras cosas, que se deje afectar en sus estructuras, que su soberanía sea efectivamente limitada al reconocer la soberanía de los pueblos, su derecho de autodeterminación. Los pueblos indígenas demandan este derecho no con la pretensión de retirarse e ir contra la unidad del Estado, aunque así lo asevere el discurso dominante, haciéndolo ver como algo aventurado. Lo que se pide es inclusión, reconocimiento, ser parte de la construcción de un Estado, de extender su propia libertad. 

El derecho de autodeterminación es el derecho de un pueblo a decidir su propio modelo de desarrollo económico, social y cultural. Se trata de un derecho sustentado en documentos internacionales como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. El Convenio 169 es otro ejemplo por el cual los Estados ceden parte de su soberanía, como expresión necesaria para constituir Nación. La inclusión, entonces, no puede entenderse como asimilación a un sistema ya dado sino más bien su necesaria transformación. 

El derecho de autodeterminación presenta también una dimensión económica, por la cual todos los pueblos, para el logro de sus fines, pueden disponer libremente de sus riquezas y bienes naturales. Es un aspecto que sustenta el pedido de los pueblos de incluir otro modelo de desarrollo y otra manera de relacionarse con la madre tierra. Es una demanda cuyo espíritu de resistencia al extractivismo y depredación de la naturaleza, esboza el horizonte del Buen Vivir de los pueblos del Abya Yala. 

El pasado mes de Julio los pueblos de la América Latina solicitaron, en la Cuarta Sesión del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, que se dedique un estudio de la relación que existe entre libre determinación de los pueblos, su soberanía sobre los recursos naturales y la efectividad del derecho indígena a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado. Es un pedido que hacemos nuestro y que debemos asumir como un compromiso ineludible.

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