La minería ilegal crece cada vez más en el país sin control ni regulación social y ambiental. Según estudios medioambientalistas, además de la gran y mediana minería, la minería ilegal o informal tiene efectos catastróficos en las aguas de los ríos, aire, bosques y tierras ribereñas.
Los que la promueven - que no son necesariamente aquello que trabajan en los socavones arriesgando la vida y la salud - disponen de medios y formas de organización para actuar al margen de la ley. Por eso cuando hablamos de minería ilegal es necesario precisar que nos referimos a los responsables, como son los titulares y representantes, que mueven grandes inversiones y reciben grandes utilidades. También hay un sistema de servicios, proveedores y comercializadores que se benefician, por lo que hay que tener cuidado de generalizar y focalizar el problema entorno a los mineros de socavón que ganan entre 20 a 30 soles por jornada, incluido los niños y adolescentes trabajadores. Es pensando también en ellos que la actividad ilegal debe tener un freno.
Los mineros informales se ubican, principalmente, en Madre de Dios, Puno, Sur chico y La Libertad. Los expertos señalan que la ilegalidad de esta actividad radica en la falta de estudios de impacto ambiental y en la falta de control y fiscalización, a lo que agregaríamos la ausencia de proyectos de desarrollo rural y realmente sostenibles.
La mayoría de mineros informales, aun teniendo medios para desarrollarse legalmente, no lo hace por no pagar impuestos ni cumplir las leyes laborales, a fin de multiplicar sus ganancias; además, como en el caso del Cerro el Toro en Huamachuco, hay una red de corrupción y de mafia que deja en la impunidad a quienes se enriquecen aprovechándose de la necesidad de trabajo que tienen las familias empobrecidas para explotarlas y controlarlas a través de una red de mafia y corrupción.
Como una nueva estrategia de lucha contra la minería ilegal y delito conexos en el país, el Consejo de Ministros aprobó el 02 de Febrero un Decreto Supremo que permitirá recuperar aquellas zonas del país que están siendo afectadas por una grave contaminación ambiental.
El decreto amplía las facultades del Ministerio Público y de la Policía Nacional para que realicen tareas de interdicción, represión y de decomiso de máquinas e insumos empleados en la minería ilegal. Entre las facultades aprobadas está la posibilidad de parte de la policía de destruir cualquier infraestructura si es que afecta el medioambiente; la intervención para rescatar de aquellas personas que trabajan en condiciones infrahumanas y que están sujetas a abusos, como la trata de personas, la intervención en el caso de trabajo infantil y adolescente.
Esta es una alternativa que debe integrase a un trabajo multisectorial, a una real descentralización para que los gobiernos regionales asuman sus responsabilidades con efectividad, y a políticas de desarrollo económico y social que se orienten desde una perspectiva de desarrollo humano, que respete el medio ambiente y considere el derechos de todos y todas a una vida digna, sin exclusión, marginación ni opresión.
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